FGR sin presupuesto para investigar crímenes guerra

Económicamente la Fiscalía General de la República (FGR) no está preparada para investigar los hechos, con sus respectivos delitos, que fueron eximidos de responsabilidad penal cuando se legisló la Ley de Amnistía, recientemente declarada ilegal por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Así lo afirmó ayer, el fiscal general Douglas Meléndez, titular de la institución que, según la Carta Magna, tiene el monopolio de la investigación.

Aunque de forma oficial no se les ha notificado sobre la inconstitucionalidad, la FGR ejercerá las acciones que la ley le confiere: como Ministerio Público analiza las implicaciones jurídicas, operativas y económicas de la mencionada resolución.

“El tema que se deriva, de las implicaciones de la Ley de Amnistía son fuertes, tendríamos que crear unidades o grupos especiales que investiguen esos casos, lo que trae una complejidad grande porque son hechos de hace décadas. En temas de recursos no estábamos preparados”, señaló el fiscal general, quejándose por la falta de apoyo presupuestario por parte del Ejecutivo. Anunció que del Ministerio de Hacienda le informaron que para el próximo año se mantendrán los mismos $44 millones para el funcionamiento de la FGR, lo cual es calificado por el funcionario como “un presupuesto, indigno, pírrico e injusto”, cuando él había solicitado para el 2017 $80 millones.

Cuestionó que la semana pasada, al acompañar al Gobierno a una visita por Estados Unidos, se haya pregonado que la Fiscalía sería reforzada económicamente.

Al mantenerla con el mismo presupuesto, dijo, no van a poder enfrentar la avalancha que se podría venir tras la derogatoria de la Ley de Amnistía. Recalcó que la institución que preside hará lo que pueda con las limitantes que tiene.

 

Procesos en lista



Fiscalía evalúa abrir expediente a Luis Martínez

Tras la sentencia emitida por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) en contra del exfiscal Luis Martínez, luego de que se determinara que recibió “dádivas a cambio de favores del empresario Enrique Rais, el fiscal general Douglas Meléndez dijo ayer que están analizando el caso. El titular del Ministerio Público expresó que están revisando una gama de procesos ya que Rais, por ejemplo, aparece en calidad de víctima y de imputado. Hasta ayer se estaba evaluando si se abre o no un expediente bajo alguna figura delictiva que señala el Código Penal en contra de Luis Martínez, quien fue cuestionado por su actuar en algunos casos, como el del expresidente Francisco Flores.

 

Revisan proceso abierto a presidente del TEG

El fiscal general Douglas Meléndez dijo que están revisando el expediente que ya está abierto en la Fiscalía General de la República contra el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Marcel Orestes Posada. El funcionario es indagado tras una denuncia en su contra por expresiones de violencia contra la mujer, delito que supuestamente cometió y que fue llevado hasta la oficina fiscal del municipio de Zaragoza, La Libertad. Este caso ingresó a dicha oficina fiscal a mediados del año 2015. Al analizarlo la Fiscalía ha confirmado que se ha aplicado Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

 

Pedirán antejuicio para dos jueces

En las próximas horas, la Fiscalía presentará en la Corte Suprema de Justicia dos solicitudes de antejuicio en contra de jueces señalados por delitos de prevaricato (resolver contrario a derecho) y cohecho. Los funcionarios judiciales investigados son de Ahuachapán. Al que recibió dinero, le piensan probar el delito con escuchas telefónicas que se hicieron; mientas que el otro violó la ley resolviendo contrario a lo que la Constitución le manda. Respecto al tema, ayer, en una audiencia especial, la Fiscalía frustró las pretensiones de la defensa del juez suplente del Tribunal de Sentencia de La Unión, René Treminio, quien buscó un proceso abreviado por el delito de prevaricato.

 

$44 millones

Es el presupuesto que la Fiscalía General de la República tiene asignado para el funcionamiento.

 

$80 millones

Presupuesto que el fiscal general había solicitado para el año 2017, pero al final Hacienda no lo avaló.